La patronal AELMA ha denunciado que las empresas de limpieza madrileñas han perdido 72 millones de euros durante los dos últimos años por no poder compensar el coste de la inflación en los contratos públicos.
Actualmente, la Ley de Desindexación de la Economía aprobada en 2015, impide a las empresas de limpieza actualizar los precios de los contratos ya firmados con la Administración. Eso no sería un problema si los precios se hubieran mantenido estables desde entonces, pero la realidad demuestra que no ha sido así.
Tan solo en dos años, los costes salariales han aumentado un 6% por el incremento del Salario Mínimo Interprofesional y la actualización de los Convenios Colectivos, una subida que impacta especialmente en un sector en el que el coste de la mano de obra supone hasta el 85% del gasto total que genera la prestación del servicio. Pero también han subido los costes energéticos, financieros y de las materias primas. En concreto, el alza de precios se situó el año pasado en un 8,4% de media, sin embargo, estas empresas no pudieron trasladar estos aumentos a los contratos en vigor con la Administración Pública, unos contratos que, en algunos casos, pueden tener una duración de hasta cinco años y que incluyen prestación 6de servicios en hospitales, colegios y demás servicios públicos.
Esta circunstancia compromete no solo la estabilidad de las propias empresas, también la calidad de los servicios prestados y la protección de los empleos.
AELMA ha denunciado esta situación con motivo del Día Internacional del Reconocimiento al Personal de Limpieza, que se celebró el pasado 18 de octubre, para visibilizar, agradecer y valorar la aportación de este colectivo a la salud pública y a la economía, así como exigir un mayor reconocimiento por parte de la sociedad y de las administraciones públicas.
La patronal madrileña se ha sumado también a las peticiones que se han hecho desde las dos principales asociaciones nacionales -AFELIN y ASPEL-, que representan a una masa laboral de 570.000 personas.
En este sentido, las patronales denuncian también la necesidad de eliminar la obligatoriedad para el contratista de cumplir con las prórrogas forzosas en los contratos públicos. El hecho de que las empresas continúen prestando el servicio de forma obligatoria (incluyendo prórrogas) sin recibir a cambio ningún tipo de compensación por costes sobrevenidos, está acarreando unas pérdidas que están poniendo en serio peligro la continuidad de la actividad en miles de contratas de limpieza de espacios y edificios públicos, con el peligro de colapso que significa para la actividad de un país. Otros países de nuestro entorno europeo, como Francia, Italia o Portugal, hace meses que corrigieron este efecto de la coyuntura en las contratas con los servicios de limpieza.