La comunidad empresarial ha recibido con júbilo la reciente aprobación por parte del Parlamento Europeo del Reglamento Europeo contra la Morosidad, lo que significará “poner fin a los plazos abusivos que minan la competitividad y viabilidad de las empresas, especialmente de pymes y autónomos, afectando su productividad y capacidad de empleo”, en palabras de Antoni Cañete, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM),
No obstante, este Reglamento tendrá que pasar un trámite más, la aprobación por parte Triálogo (Consejo de la Unión Europea, el Parlamento Europeo y la Comisión Europeo), que se celebrará tas las próximas elecciones al Parlamento Europeo en el mes de junio.
El nuevo reglamento será de obligado cumplimiento para todos los estados miembro y sancionará a aquellas empresas que excedan el plazo de pago general fijado en 30 días (o en 60 para casos de necesidad de periodo de certificación o en 120 días para los artículos de baja rotación).
Además de las sanciones y de los plazos de pago fijados, en el Reglamento Europeo está previsto que haya la posibilidad de compensación de créditos con las AAPP cuando se trate de contratos públicos; y que se prohíba la utilización de medios de pago que alteren las condiciones de pago.
La morosidad, una lacra en España
La problemática de la morosidad es una lacra en España que ha visto cómo muchas empresas conseguían oxígeno financiero a costa de alargar sus obligaciones de pago. Según el último informe de la Plataforma contra la Morosidad, durante 2023 el plazo medio de pago del sector privado aumentó en 3 días hasta situarse en los 70 días de media, mientras que el del sector público se redujo en 12 días hasta situarse en una media de 55 días. En ambos casos son registros que sobrepasan los plazos medios de pago establecidos por la Ley 15/2010: un total de 60 días para las empresas y de 30 días para las AA.PP.
Concretamente en el sector privado, para el 59% de los encuestados el tipo de cliente por tamaño de empresa que más tarda en pagarles son las grandes empresas (las que tienen una facturación superior a 50 millones de €). Solo el 19% de las grandes compañías les pagan dentro del plazo legal.