Estimados empresarios y amigos,
Ya estamos de vuelta de verano y como podéis ver, retomamos nuestras newsletters habituales que habían quedado suspendidas con el cambio de la nueva página web. Me alegra mucho volver a recuperar esta vía de contacto con todos vosotros porque es una buena forma de dialogar sobre aquellas cuestiones de actualidad que más afectan a nuestro sector.
Cerrado el paréntesis veraniego afrontamos una vertiginosa recta final de año que se prevé que sea la subida al Tourmalet. La invasión de Ucrania, aparte de tener unas devastadoras consecuencias a nivel humano, está desencadenando una espiral económica insostenible que, de prolongarse durante mucho tiempo, tendrá consecuencias muy dolorosas para todos. Algunas de ellas ya las estamos viendo, aunque no sea directamente en nuestro sector como, por ejemplo, que algunas factorías no hayan podido retomar su actividad tras la vuelta de verano por el encarecimiento del precio de la energía.
En medio de este panorama tan inestable, nuestra obligación es seguir subsistiendo y prestando el mejor servicio a nuestros clientes. Recientemente hemos firmado el convenio colectivo en Madrid, que abarca los años 2022-2024, con unas subidas del 2,5% para los años 2022 y 2023 y del 3% para 2024. Soy muy consciente de que los trabajadores están sufriendo la subida de precios, pero a nosotros, los empresarios que fomentamos el empleo, esta situación inflacionista nos está ahogando porque además del deterioro que llevamos meses soportando con el encarecimiento de los bienes intermedios, se suma ahora el coste de los salarios.
Teniendo en cuenta el contexto en el que nos encontramos, estas subidas son más que moderadas, pero es que sería inviable que fueran superiores, fundamentalmente, por dos motivos. El primero porque si renovamos los convenios a los niveles del IPC supondría no solo un coste empresarial inasumible, sino haría que se prolongara la espiral alcista del IPC que dejaría de ser coyuntural para convertirse en permanente. Y segundo, porque estos incrementos no podrían trasladarse a los clientes, especialmente en el sector público, con lo que muchas empresas se verían abocadas al cierre.
Es un buen momento para reclamar al Gobierno que elimine la ley de desindexación para que sea posible revisar los costes en los contratos plurianuales de servicios con las administraciones públicas. Es una reclamación que llevamos pidiendodesde hace años porque en sectores como el nuestro, donde los gastos laborales suponen el 90% de nuestros costes, no poder trasladar estas subidas a los precios de los contratos supone un descalabro económico que lleva a asfixiar aún más a quienes generan el empleo en este país.
Se avecinan tiempos de prudencia y contención, pero también de trabajo duro y profesionalidad. ¡Vamos a por ello!
Un abrazo